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Los
poderosos banqueros Rothschild
fueron de los primeros inversores extranjeros que acudieron a
España cuando en 1856 la coyuntura política se mostró
favorable al despliegue masivo del ferrocarril.
Tal
coyuntura se resume básicamente en dos leyes:
Con
ellas, los liberales pretendieron
crear un clima inversor y
constructor óptimo.
De
ello había un precedente en Francia, que en 1842 había
aprobado una Ley de Ferrocarriles con objeto de fomentar la
inversión en ese campo, y ello había permitido pasar
de 600 Km de red existentes en ese momento a los 3000 que ya
tenía Francia en 1850.
Los
cerebros de la operación española fueron el general
Francisco de Luxán, ministro de Fomento, y su Director
General de Obras Públicas, Cipriano Montesino, Catedrático
de Construcción de Máquinas en el Real Instituto Industrial.
La
ley marcaba además un plan de despliegue de ferrocarriles que
intentaba conciliar el afán de lucro de los inversores con la
mejor distribución geográfica de las líneas.
Aunque
hubo un enjambre de pequeñas compañías, en poco plazo se
crearon dos grandes grupos: la Madrid-Zaragoza-Alicante,
o MZA que procedía de las
iniciativas del Marqués de
Salamanca, y la Compañía
del Norte, que tuvo como línea
emblemática la Madrid-Irún.
Aunque
el decenio 1856-66 fue un éxito desde el punto de vista del
ferrocarril, resultó poco útil para la industrialización
española, de la que el tren no fue un sector
"locomotora".
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El 
Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid